Reforma a la ley de glaciares, 10 razones por las que es extractivista e inconstitucional

El Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba presentó una dura declaración sobre la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos de Glaciares y Ambientes Periglaciares. El texto presentado en las audiencias públicas celebradas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Mientras el Gobierno nacional argumenta que los cambios buscan «ordenar el marco normativo» y fomentar inversiones, expertos y organizaciones advierten sobre un «grave retroceso» en la protección ambiental.

La ley vigente de 2010 prohíbe la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas de glaciares y periglaciares. Sin embargo, el nuevo proyecto del Ejecutivo propone que solo se protejan aquellos hielos que tengan un aporte hídrico «relevante», una definición que los expertos consideran arbitraria y diseñada para abrir territorios sensibles a la actividad minera.

También estipula que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas.

Ante esto, el ISEA solicitó a las comisiones de Diputados el rechazo total de la reforma en resguardo de la equidad intergeneracional y el derecho humano al agua. El Consejo Directivo del ISEA está integrado por representantes de cada una de las Unidades Académicas de la UNC.

A continuación, los 10 puntos más destacados de la declaración presentada por el ISEA (desde este enlace se puede leer completa).

1- Violación de la Constitución Nacional

El proyecto vulnera el artículo 41 de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano y establece que la Nación debe dictar las leyes de presupuestos mínimos de protección como un piso de tutela uniforme e inderogable en todo el país.

2- Fragmentación del régimen de protección

Al permitir que cada provincia determine qué cuerpos de hielo protege, se rompe la unidad de gestión federal. El ISEA advierte que los glaciares son sistemas socio-hidrológicos que exceden los límites provinciales y deben gestionarse de forma integrada.

3- Vulneración del principio de no regresión

La reforma contradice el Acuerdo de Escazú, con jerarquía supralegal en Argentina, que prohíbe retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados por razones económicas, especialmente cuando esto puede causar daños irreversibles.

4- Riesgo para las reservas estratégicas de agua

Los glaciares son «tanques de agua» naturales esenciales para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. La reforma, al acotar la protección solo a cuerpos con «función hídrica efectiva», pone en peligro estas reservas críticas.

5- Desconocimiento del impacto en el cambio climático

El ISEA destaca que los glaciares actúan como reguladores térmicos. Su alteración podría acelerar el calentamiento global y comprometer procesos biogeofísicos esenciales para la estabilidad del clima.

6- Debilitamiento del Ianigla

El proyecto reduce el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla del Conicet) a un simple organismo de registración, limitando su facultad científica para definir y monitorear los glaciares bajo estándares internacionales.

7- Falta de consulta a pueblos indígenas

Se denuncia el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, ya que no se realizaron instancias de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas, quienes tienen derecho a participar en la gestión de sus recursos.

8- Priorización del Rigi sobre el ambiente

El ISEA señala que el objetivo real de la reforma es habilitar proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), favoreciendo actividades extractivas como la minería en áreas que hoy están protegidas.

9- Incongruencia con políticas climáticas

El proyecto violenta la Ley 27.520 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que obliga al Estado a establecer medidas para proteger los sistemas glaciares frente a la vulnerabilidad climática actual.

10- Inseguridad jurídica y litigiosidad

Lejos de brindar certeza a los inversores, el ISEA advierte que los vicios de inconstitucionalidad del proyecto generarán una permanente litigiosidad en cada uno de los proyectos que pretendan autorizarse bajo esta nueva normativa.

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Fuente: Agencia UNCIENCIA